CORECO A.C.

Pronunciamiento de la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. ante el reciente informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

11 de Febrero de 2005

En Coreco afirmamos que en Chiapas SÍ vivimos una situación de guerra y de conflicto generalizado. Vivimos la aceleración y multiplicación de los conflictos. Y ante esto, los grupos en el poder solamente buscan soluciones a corto plazo, sólo administran el conflicto, sin pretender resolverlo.

El reciente informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, nos muestra, una vez más, la responsabilidad y complicidad de los gobiernos de los últimos 11 años en este conflicto no resuelto. Este documento titulado “La política genocida en el conflicto armado de Chiapas”, es un testimonio de la situación de violencia, desplazamiento, asesinato y desaparición forzada que no han resuelto los gobernantes. Como ejemplos bastan sólo algunos datos:

-Los grupos paramilitares mantienen amenazada a la población. Las autoridades tienen noticia de su existencia y no los desarman, ni desarticulan, sino que por el contrario, los toleran. El Secretario de Gobernación quiere remitir la investigación a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, deslindándose así de su responsabilidad y relegando, una vez más, el conflicto de Chiapas al pasado. Esta actitud no ofrece ninguna posibilidad para la construcción de la paz.

-Las fuerzas armadas mexicanas continúan trabajando con el objetivo de destruir al EZLN e impedir la construcción de una paz dialogada. Su estrategia, llamada en esta ocasión, Plan de Campaña Chiapas 94, incluye la formación de grupos paramilitares a quienes catalogan como fuerzas de autodefensa.

El EZLN, como ejército rebelde, sigue acogido a la Ley para el Diálogo y la Conciliación, firmada en 1995, aunque mantiene sus posiciones de montaña. Y a pesar de que se mantiene el cese al fuego entre ambos ejércitos, la posibilidad de que se reinicien los enfrentamientos armados está latente, por alto grado de conflictividad no resuelta y porque no se ha firmado la paz.

A 11 años del levantamiento armado, son vigentes aún las causas del conflicto y sus efectos. Asimismo es vigente el deber del Poder Legislativo y del Ejecutivo Federal y Estatal, de garantizar condiciones de seguridad a las personas afectadas por el conflicto armado. El retorno al diálogo NO es sólo una responsabilidad del EZLN, como afirman funcionarios de la presidencia de la República. Existen dos partes en el conflicto comprometidas, desde el 9 de abril de 1995, en la declaración conjunta de San Miguel, a participar en un Diálogo bajo los siguientes principios: 1) Buena fe, 2) Respeto mutuo, 3) Continuidad del Diálogo y la Negociación, 4) Aclaración de las diferencias, 5) Superación de incidentes, 6) Disposición manifiesta, 7) Voluntad plena, Reciprocidad proporcional, 9) Objetividad en la información pública.

Existe una asimetría entre las partes en el conflicto que compromete al Ejecutivo de la República en su responsabilidad de propiciar las condiciones para favorecer el diálogo, como medida preferencial y única a favor de la paz. En tanto no se cumplan los acuerdos de San Andrés ya firmados, el llamado al diálogo no es creíble. En tanto no se desarticulen los grupos paramilitares y se restablezca la justicia en las regiones golpeadas por estas bandas, no habrá la seguridad para el retorno al diálogo.

Un conflicto en el cual las partes no dialogan para alcanzar acuerdos, no tiene posibilidad de solución: sólo se administra, se contiene, se tapa y se maquilla. Pero sigue vigente.

La Guerra en Chiapas es actual, no se ha resuelto.