En Coreco afirmamos que en Chiapas SÍ vivimos una situación de guerra y de conflicto generalizado.
Noviembre 2009
Vivimos la aceleración y multiplicación de los conflictos. Y ante esto, los grupos en el poder solamente buscan soluciones a corto plazo, administran el conflicto, no generan condiciones de diálogo, acusan falsamente a miembros de la sociedad civil, mantienen la impunidad hacia sus funcionarios y criminalizan la protesta social.
En las últimas semanas los conflictos de organizaciones sociales con el gobierno se han polarizado, así es el caso del conflicto entre la OCEZ Venustiano Carranza y el gobierno del estado. La injusta detención de tres de sus miembros ha llevado a la organización a un plantón en la plaza de San Cristóbal de Las Casas y a la toma pacífica de las instalaciones del PNUD en esta ciudad. Las gestiones de diálogo y mediación han sido inútiles hasta el momento. En lugar de un acercamiento para encontrar una solución dialogada se señala a los presos como miembros de bandas de narcotraficantes. Una vez más se intenta confundir la lucha social con la pertenencia a bandas criminales.
Lo mismo sucede entre el gobierno estatal y la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, son múltiples las notas periodísticas que señalan a sacerdotes como responsables de un supuesto plan subversivo para el 2010. El documento denominado Situación prevaleciente en el municipio Venustiano Carranza , de manera absurda, con dolo y falsedad, pretende responsabilizar al párroco del lugar Jesús Landín y al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas de incitar a la subversión y a la lucha armada a la población.
Igualmente existen intenciones del desalojo del centro educativo autónomo de la junta de buen gobierno (JBG) ‘Nueva semilla que va a producir’, del caracol de Roberto Barrios, en la zona norte. Nos indican que «as intenciones del desalojo del centro educativo autónomo son por el proyecto de ecoturismo para poner negocios, ya que la escuela se ubica en la entrada a las cascadas del río Bascán».
Varios de los conflictos agrarios en el Estado, especialmente en la llamada zona de conflicto, no encuentran salida ni solución dialogada. Existe cada día mayor tensión y polarización. Así es el caso de las comunidades de Jotola en Chilón y Mitzitón en San Cristóbal de Las Casas, sólo por señalar dos situaciones.
La intención de imponer a cómo de lugar los proyectos de desarrollo basados en los planes gubernamentales y empresariales, sin tomar en cuenta a la población directamente afectada o a la que se pretende beneficiar generan situaciones de peligrosa tensión, Así son los planes de desarrollo minero, construcción de la carretera San Cristóbal – Palenque y los emplazamientos para abandonar poblados en la Selva Lacandona.
La impunidad sigue siendo un lastre en nuestro estado. Así son los casos de la no investigación de los asesinos de personas del poblado Viejo Velasco en la Selva Lacandona, después de tres años no se ha detenido a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de 4 personas. En el caso de la masacre de 45 personas en Acteal el 22 de diciembre de 1999 no se ha castigado a los autores intelectuales y la SCJN excarcelo a 30 personas señaladas como autores de dicha masacre.
En los municipios de Venustiano Carranza, Villa las Rosas, Amatenango del Valle, Comitán, Chanal, Tzimol, Socoltenango y Teopisca, se ha registrado en los últimos meses una escalada represiva y un fuerte hostigamiento, manifestado por medio de cortes masivos y desmantelamiento de la energía eléctrica, así como con amenazas de la policía y autoridades municipales. Con la finalidad de intimidar a los grupos en resistencia civil en estos municipios.
Será con el diálogo y un sentido de justicia que brota desde la realidad de los pobres que se pueda superar la actual tensión. De otra manera, al criminalizar la protesta social, cerrar el camino al diálogo y acrecentar los rumores y falsas acusaciones, será el mismo gobierno quien abona a una escalada conflictiva y atenta contra la vida de la población chiapaneca.