A la opinión pública,
Al Gobierno federal,
A la sociedad civil en general:
La organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra indignación y exigencia de justicia frente al ataque perpetrado por un grupo de paramilitares de la Unidad para el Bienestar Social de la región Triqui (UBISORT), contra la caravana civil humanitaria que se dirigía a brindar víveres y solidaridad al municipio autónomo de San Juan Copala en la región Triqui y en la que fueron asesinados BEATRíZ ALBERTA CARIÑO TRUJILLO integrante de CACTUS y TYRI ANTERO JAAKKOLA, observador internacional originario de Finlandia. Además están activistas y periodistas desaparecidos y varias personas heridas.
El Estado Mexicano tiene la obligación jurídica de proteger a los defensores de derechos humanos, sin embargo, defensores y defensoras de organizaciones civiles y sociales están en una situación de vulnerabilidad debido a la violencia política, a la criminalización de su labor y a la indiferencia estatal para la protección de su vida e integridad física.
Las Misiones Civiles de Observación (MCO) se realizan con la finalidad de brindar protección, registrar y documentar violaciones a los derechos humanos. Las MCO se integran con defensores nacionales e internacionales y el Estado está obligado a proporcionar las condiciones de seguridad con el fin de que éstas lleven a cabo sus funciones.
Denunciamos al Gobierno del estado de Oaxaca, por su nula intervención para garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos que iban en la caravana, así como por su negligencia e impunidad en la aplicación de la justicia ante la violencia histórica que vive la comunidad indígena Triqui a manos de paramilitares.
Las organizaciones abajo firmantes nos pronunciamos por lo siguiente: